Explicó que eso se debió a que "venían pagando mal" y "estaban con una valuación que no era real". Aseguró que los inconvenientes operativos se generaron porque el Concejo Deliberante aprobó las ordenanzas fiscal e impositiva un año después de su envío.
El titular de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), Mariano Correa, explicó este jueves que los “inconvenientes operativos” que tuvo el municipio para implementar el cobro del aumento de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) obedecieron a que el Concejo Deliberante lo aprobó un año después de que el Ejecutivo lo propusiera.
De todos modos, Correa sostuvo que “menos del 5% de los contribuyentes” sufrió incrementos exorbitantes derivados de la actualización de la valuación fiscal de sus propiedades.
El funcionario hizo estas declaraciones luego de que el martes la comisión de Hacienda del Concejo lo convocara para la semana que viene a dar explicaciones sobre por qué el impacto del aumento fue distinto al previsto por el oficialismo.
“El problema fundamental aquí es que la aprobación de la ordenanza se hizo un año después del envío al Concejo. Eso genera una cantidad de inconvenientes operativos que ni los concejales ni la gente sabe, pero en la administración se trata de hacer el mejor trabajo posible para que sea de una manera más ordenada”, dijo Correa.
Mencionó que las ordenanzas fiscal e impositiva estableció la actualización de las valuaciones fiscales realizada por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Así, en promedio “crecieron un 800% en Mar del Plata”, especificó Correa.
Destacó además que para que ese impacto no se tradujera a la tasa, el municipio bajó alícuotas y subió los topes de las ocho categorías de contribuyentes –cada una tiene un mínimo diferente– con el objetivo de evitar que un contribuyente pase a categorías superiores por la actualización de la valuación. De esa forma, “los parámetros mantienen una razonabilidad con lo que se venía liquidando anteriormente. Es lo que ha sucedido con la gran mayoría de las 430.000 cuentas de catastro que tenemos en General Pueyrredon”, indicó Correa.
Pero enseguida reconoció que hubo “algunas divergencias por diversos motivos”. Y explicó: “Hemos visto que han sido problemas de información de los propios contribuyentes que tenían diferencias de metros declarados en ARBA y acá, entonces estaban con una valuación que no era la real. Nosotros apuntamos la valuación al valor que corresponde y eso por ahí genera en algunos casos un salto que es a primera vista exorbitante, y en realidad lo que ha sucedido es que ese vecino venía pagando mal con anterioridad, entonces el ajuste ahora le parece bastante mayor, pero en realidad debería haber sido así”.
Según Correa, “menos del 5% de los contribuyentes están en esta situación”. “Hemos detectado errores pero son de inconsistencias catastrales, es una cantidad menor de cuentas y se trabaja una por una. Cuando hacemos el cruce y vemos esas inconsistencias directamente no las emitimos para no generar inconveniente al vecino, pero son errores que liquidarían la tasa en menos, o sea que no tenemos errores por haber enviado tasa demás a las boletas de los vecinos. Nos cuidamos justamente en el procedimiento para evitar este tipo de reclamos, que indudablemente siempre suceden porque 430.000 cuentas es un universo bastante grande”, acotó el funcionario.